En 2018, la administración de Trump comenzó a revisar la “regla de carga pública”, una prueba para determinar si es probable que los posibles titulares de tarjetas de residencia y visas requieran en un futuro apoyo por parte del gobierno de los Estados Unidos. La reforma, podría decirse que el cambio de política legal de inmigración más extenso de la administración Trump hasta la fecha, podría dificultar la obtención de tarjetas de residencia y visas a muchos solicitantes. Pero el impacto puede variar, dependiendo si la solicitud de tarjeta de residencia o visa se presenta en los Estados Unidos o desde el extranjero en los consulados o embajadas locales de Estados Unidos.
Esto es porque el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha finalizado sus revisiones a la regla de carga pública para residencia a principios de agosto de 2019. El DHS incluye a los oficiales del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), la agencia que maneja las solicitudes de inmigración presentadas en los Estados Unidos. Hasta que se aplique la nueva regulación de “carga pública” a principios de octubre (2019), las reglas existentes siguen vigentes para los inmigrantes con sede en los EE. UU.
Sin embargo, la historia es diferente para los 13 millones de personas que presentan solicitudes de tarjetas de residencia y visa desde el extranjero cada año. Sus solicitudes son evaluadas no por los empleados del USCIS, sino por oficiales consulares del Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos. En enero del 2018, el Departamento de Estado, sin hacer ruido, emitió nuevas pautas de carga pública que los oficiales consulares deberían seguir.
Eso significa que las solicitudes de tarjetas de residencia y visas presentadas fuera de los Estados Unidos ya están siendo procesadas con las pautas revisadas de carga pública, lo cual requiere un escrutinio más detallado del bienestar financiero de los solicitantes, entre otros factores nuevos, para determinar si podrían en algún momento depender de los beneficios públicos.
Bajo las nuevas reglas, se ha vuelto mucho más fácil que los solicitantes caigan en la trampa de la “carga pública”. De hecho, a más de 13,000 solicitantes de tarjeta de residencia se les han negado tarjetas de residencia o la entrada a los Estados Unidos por motivos de carga pública en el año fiscal 2018, cuatro veces más que en el año anterior. El cambio de política no afectará a todos, pero si está solicitando una tarjeta de residenciao visa fuera de los Estados Unidos, es importante comprender cómo las pautas de carga pública para residencia del Departamento de Estado pueden afectarleo.
Esta guía cubrirá:
- ¿Qué es “carga pública”?
- ¿Cómo tomaba el Departamento de Estado decisiones de “carga pública” antes de enero de 2018?
- ¿Cómo toma el Departamento de Estado las decisiones de “carga pública” ahora?
- ¿A quiénes sí y a quiénes no afecta la carga pública
- ¿Qué sigue?
- ¿Qué significa este cambio para mí?
¿Qué es “carga pública”?
Bajo la ley de inmigración de los Estados Unidos, nadie es elegible para una tarjeta de residencia o visa temporal si “es probable que se conviertan en carga pública”.
En 1999 el gobierno definió “carga pública” como alguien que es “primariamente dependiente del gobierno para subsistir” al recibir ya sea a) asistencia pública en efectivo o b) apoyo financiado por el gobierno a largo plazo.
Estas dos categorías de beneficios públicos incluyen:
Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés)
Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés) comúnmente conocido como “welfare”
Apoyo en efectivo local y del Estado, también conocido como “Asistencia General”
Medicaid u otros programas que apoyan la atención institucionalizada a largo plazo, como un asilo o una institución de salud mental
La ley también dice que los funcionarios del gobierno deben tener en cuenta otros cinco factores para determinar si es probable que alguien se convierta en una carga pública:
- Edad
- Salud
- Tamaño del hogar
- Activos, ingresos y estado financiero
- Educación y habilidades
¿Cómo tomaba el Departamento de Estado decisiones de “carga pública” antes de enero de 2018?
Los oficiales consulares, quienes son responsables de evaluar las solicitudes de tarjetas de residencia y visa presentadas fuera de Estados Unidos, deben seguir las pautas de la carga pública para residencia en el Manual de Asuntos Exteriores (FAM, por sus siglas en inglés) del Departamento de Estado.
Hasta enero de 2018, estas pautas indicaban que una Declaración Jurada de Apoyo por sí misma “normalmente debería ser considerada suficiente” para convencer a un oficial de que un solicitante no se convertiría en una carga pública. Una Declaración Jurada de Apoyo (oficialmente conocida como “Formulario l-864”) es un compromiso por parte de un patrocinado estadounidense asegurando que el solicitante se mantendrá sobre el 125% de las Pautas Federales de Pobreza.
De hecho, era raro que un oficial consular negara una visa o tarjeta de residencia basados en una determinación de carga pública.
¿Cómo toma el Departamento de Estado las decisiones de “carga pública” ahora?
Las nuevas pautas de “carga pública” del Departamento de Estado fueron publicadas el 3 de enero de 2018, con muy poca atención pública, e inmediatamente entraron en vigor.
Acorde con las instrucciones revisadas del Manual de Asuntos Exteriores, los solicitantes ahora tendrán que enfrentar un escrutinio adicional en las siguientes áreas:
1) Declaración Jurada de Apoyo del patrocinador
Bajo las reglas antiguas, la Declaración Jurada de Apoyo de un pariente patrocinador comprometiéndose a proveer financieramente para un solicitante era suficiente para cancelar casi por completo la probabilidad de tener problemas de carga pública. Eso ya no es así: una Declaración Jurada de Apoyo ahora se considera sólo un “factor positivo” pero no cancela automáticamente otros factores que podrían llevar a una determinación de carga pública.
Las Declaraciones Juradas de Apoyo también están sujetas a un mayor escrutinio. Los funcionarios consulares pueden considerar situaciones de “qué pasaría si”, como si un patrocinador realmente apoyará al solicitante, y solicitar evidencia adicional si tienen dudas. El uso anterior de beneficios públicos por parte de patrocinadores o miembros de su hogar también podría compararse con los solicitantes.
2) Uso de beneficios que no son en efectivo
Las pautas anteriores se centraban en el uso previo de beneficios en efectivo por parte de los solicitantes, pero bajo el nuevo sistema, los oficiales consulares también pueden considerar el uso de beneficios que no son en efectivo de los solicitantes, como Medicaid, el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP, por sus siglas en inglés), cupones de alimentos y beneficios de vivienda.
El uso anterior de los beneficios públicos por parte de los miembros de la familia del solicitante, incluyendo sus hijos ciudadanos estadounidenses en teoría, también puede ser considerado en su contra por los oficiales consulares como parte de sus deliberaciones. Y el uso pasado de los beneficios públicos de los familiares patrocinadores también puede afectar a los solicitantes, especialmente si han utilizado los beneficios en los últimos 3 años.
3) Salud
Las condiciones de salud de los solicitantes son factores de gran peso al momento de hacer una determinación de carga pública para residencia. Si tiene problemas graves de salud, podría ser que le pidan entregar pruebas de que tiene seguro médico o la capacidad de pagar por sus gastos médicos mientras se encuentre en Estados Unidos.
4) Empleo
Los oficiales consulares ahora deben dar mucho más peso al historial laboral y los prospectos de empleo del solicitante al hacer una determinación de carga pública. Los solicitantes con brechas en su historial laboral podrían enfrentar un mayor cuestionamiento, y los oficiales también pueden exigir evidencia sobre sus futuros planes de empleo en los Estados Unidos. Eso podría incluir preguntas adicionales sobre su educación y habilidades laborales o preguntas sobre posibles ofertas de trabajo.
5) Visas negadas con anterioridad
Los oficiales consulares otorgan mucho más peso a las denegaciones de visas anteriores por motivos de carga pública. Eso significa que es mucho más difícil para los solicitantes obtener visas si previamente se les ha negado una visa por motivos de carga pública, y es importante tratar de garantizar que la solicitud de visa se complete con precisión y sin problemas la primera vez.
OBSTÁCULOS EXTRA
El Departamento de Estado ha recibido muchas quejas de que los oficiales consulares no han estado aplicando la nueva guía del Manual de Asuntos Exteriores correctamente o que han estado afirmando requisitos adicionales que no se basan en la ley de inmigración actual. Por ejemplo, ha habido informes de que algunos funcionarios consulares han solicitado que los patrocinadores financieros conjuntos también sean miembros de la familia. Este no es un requisito bajo la ley de inmigración actual o el Manual de Asuntos Exteriores.
Además, cuando el patrocinador conjunto no es un pariente, ha habido casos en que los oficiales consulares solicitan información adicional para garantizar que el patrocinador conjunto comprenda las responsabilidades legales de presentar una Declaración Jurada de Apoyo. A otros solicitantes se les ha pedido presentar pruebas que describan su relación con su patrocinador conjunto.
Todas estas solicitudes extra para satisfacer la prueba de carga pública crean demoras adicionales para las solicitudes de tarjeta de residencia y visa, y en algunos casos resultan en negaciones directas.
¿A quiénes sí y a quiénes no afecta la carga pública
Las pautas de carga pública del Departamento de Estado aplican solo a aquellos que presentan su solicitud fuera de los Estados Unidos, en los consulados y embajadas de los Estados Unidos.
El examen de carga pública no se aplica a los solicitantes de visas humanitarias, por ejemplo; refugiados, asilados y víctimas de violencia doméstica, y a los solicitantes que se consideran “inmigrantes especiales”, como los trabajadores religiosos y los ciudadanos iraquíes que trabajaron o representaron al gobierno de los EE. UU. en Iraq.
¿Y LOS SOLICITANTES QUE YA ESTÁN EN LOS ESTADOS UNIDOS?
El Departamento de Estado solo tiene jurisdicción sobre las personas que desean ingresar a los Estados Unidos. Es el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) el que maneja las solicitudes de visa y tarjeta de residencia de personas que ya se encuentran en los Estados Unidos.
El DHS está avanzando con una controvertida revisión de su propia prueba de carga pública, programada para comenzar en octubre de 2019.
Lea más sobre el impacto de la nueva norma de carga pública del DHS en los solicitantes que viven en Estados Unidos.
¿Qué sigue?
Una vez que la regla de carga pública del DHS esté vigente, el Departamento de Estado probablemente modificará sus pautas de carga pública para que ambas agencias apliquen la misma prueba.
Mientras tanto, la ciudad de Baltimore, Maryland, presentó una demanda contra el Departamento de Estado en noviembre de 2018, tratando de bloquear la prueba de carga pública ampliada de la agencia.
¿Qué significa este cambio para mí?
Las pautas de carga pública para residencia del Departamento de Estado dificultan la obtención de una tarjeta de residencia u otra visa cuando se presenta desde fuera de los Estados Unidos. Si está presentando documentos de inmigración del extranjero, prepárese para un escrutinio significativo de su situación financiera pasada y presente.
Tenga en cuenta que la Declaración Jurada de Apoyo de un pariente patrocinador ya no es suficiente para evitar una denegación de visa basada en la prueba de carga pública. Los funcionarios consulares sopesarán la capacidad y la disposición de su pariente patrocinador para apoyarlo, y si hay otros factores negativos, como ser menor, anciano, jubilado, desempleado o tener una discapacidad, entonces puede esperar preguntas adicionales.
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Es importante trabajar de cerca con un abogado de inmigración antes de su entrevista consular. Si necesita asesoramiento legal sobre estos temas, la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA, por sus siglas en inglés) puede ayudarle a encontrar un abogado de inmigración con licencia cerca de usted. Igualmente, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acredita a ciertas organizaciones sin fines de lucro que brindan servicios legales de inmigración de bajo costo o gratuitos.
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